El Consejo de Ministros autorizó hoy, a propuesta de los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, la implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad, conocidos como 'pulseras GPS', para garantizar las órdenes de alejamiento de los agresores por violencia de género dictadas por los jueces. Esta iniciativa comenzará a utilizarse en 2009 y tendrá un presupuesto de 5 millones de euros. En esta línea, el Consejo ha aprobado un Real Decreto que establece un Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, contemplado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a petición de los departamentos de Trabajo e Inmigración y de Igualdad, que estiman que beneficiará a 8.324 mujeres. El coste estimado de esta iniciativa asciende a 11.112.422 euros.
Así, con motivo del tercer aniversario de la aprobación de la Ley Integral, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó, al término del Consejo, que "aun reconociendo los progresos realizados persiste una lamentable y dolorosa realidad, que es la de las mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas; vidas sesgadas --prosiguió-- por la sinrazón y por una brutalidad injustificada e injustificable". Por ello, De la Vega valoró que el compromiso que hoy renueva el Gobierno "sigue fundamentándose en la prevención y en la concienciación, en la cooperación y en la mejora de la protección de las mujeres". "Sobre estas tres líneas estratégicas debemos trabajar todos para decir 'basta a la violencia de género", sentenció.
En lo relativo a las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, el Gobierno ha establecido que al objeto de garantizar las órdenes de alejamiento, tanto lo agresores imputados como los condenados por violencia de género podrán ser obligados por el juez a llevar siempre consigo esta pulsera que permitirá activar "todos los sistemas de alerta". Sobre el programa específico de reinserción sociolaboral para víctimas de violencia de género, De la Vega indicó que esta iniciativa va a generar "oportunidades para las mujeres que viven esta dramática situación".
Así, este Real Decreto incluye en su articulado la necesidad de crear un programa específico para las víctimas que estén inscritas como demandantes de empleo y que, por las circunstancias derivadas de su situación personal --aislamiento social y laboral, deterioro de su propia autoestima o necesidad de atender a personas a su cargo-- encuentran "especiales dificultades" para acceder a un empleo. Las medidas previstas contemplan desde la atención específica e individualizada a las desempleadas inscritas en los Servicios de Empleo, hasta un programa formativo específico para favorecer la inserción laboral por cuenta ajena, o el establecimiento de incentivos --125 euros mensules-- para las empresas que contraten a mujeres maltratadas.
Fuente: Europa Press
No hay comentarios:
Publicar un comentario