A Cristina no le había ocurrido nada parecido desde que, hace ocho años, llegó a España procedente de su país, Colombia. Sucedió hace apenas una semana, cuando viajaba en la línea 24 de autobús que une la población de San Vicente con Alicante. Poco antes de llegar a la parada de la avenida Maestro Alonso, donde se encuentra el Hospital general de la capital alicantina, dos policías nacionales uniformados subieron al autobús. Como sólo viajaban a bordo tres pasajeros, los agentes se dirigieron directamente a Cristina, al reconocer por sus rasgos que era extranjera.
«Mi pidieron que me identificara y, cuando les expliqué que no llevaba encima el DNI porque lo había extraviado, me dijeron que tendría que acompañarles a la Comisaría para comprobar si estoy residiendo legalmente en España», explica la mujer. De nada sirvieron sus protestas y sus explicaciones. De acuerdo con su testimonio, los agentes estaban a punto de sacarla por la fuerza del autobús, pero desistieron cuando el conductor terció en su defensa y les explicó que conoce a Cristina, pues todos los días realiza el mismo trayecto hasta el centro hospitalarii, donde trabaja como cuidadora. Al final, el incidente se saldó con sólo un apercibimiento: le multarán si vuelve a viajar sin el DNI. Pero Cristina asegura que ya no sale a la calle tranquila, a pesar de que desde hace cinco años tiene todos los papeles en regla como residente en España.
El caso de esta inmigrante colombiana no es único. El Ministerio de Interior ha confirmado y luego desmentido, sucesivamente, la existencia de cupos para la detención de inmigrantes ilegales.
En el calabozo
Pero lo cierto es que la presión policial sobre los sin papeles se ha intensificado durante los últimos meses en toda la geografía de la Comunidad Valenciana: en estaciones, pero también a bordo de los propios trenes y autobuses. En locutorios y negocios regentados por extranjeros e incluso en lugares de ocio a altas horas de la madrugada.
Dgiby, otro inmigrante nacido en Senegal hace 35 años, no se ha librado de pasar una noche en los calabozos de Elche, con el susto en el cuerpo. Ahora, procura hacerse el escurridizo cuando sale a la calle para no cruzarse en el camino de la Policía. Le ocurrió hace dos semanas, cuando abandonaba la estación de autobuses de Torrevieja junto a otros cuatro inmigrantes senegaleses. Un coche patrulla de la Guardia Civil se detuvo junto a ellos y los agentes les pidieron que se identificaran. «Les enseñé el pasaporte y el certificado de residente», relata Dgiby, «pero me dijeron que eso no vale nada. Cuando les expliqué que no tengo papeles de residencia, me hicieron subir al coche junto a mis compañeros y nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil».
Tras esperar allí durante dos horas, fueron conducidos a la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, pues este Cuerpo es el que tiene las competencias en materia de extranjería. Después de estampar sus huellas y responder a algunas preguntas, Dgiby tuvo que pasar la noche en el calabozo: no quedó en libertad hasta el día siguiente a las 9 de la noche, gracias a la intervención de un abogado de la Asociación A.SA de África, con sede en Torrevieja.
«Me dijeron que tengo que ir cada 15 días a firmar, pero no tengo trabajo y ni siquiera puedo pagarme el billete de autobús para desplazarme a Elche. Sin papeles, nadie te da trabajo», explica este inmigrante que se busca la vida ocasionalmente en la venta ambulante en la playa. Dgiby trabajaba en la construcción antes de abandonar Senegal, donde viven su mujer y su hija, que tiene tres años y medio.
Asistencia legal
Les envía ayuda siempre que puede, aunque no se plantea traerlas a España hasta que pueda regularizar su situación: confía lograr el arraigo dentro de unos pocos meses, cuando cumpla tres años empadronado en Torrevieja. Durante este tiempo ha recibido la ayuda de la Asociación A.SA de África, presidida por Cristina Nnomo, que representa a medio millar de inmigrantes que viven en Alicante y Murcia. La mayor parte magrebíes, pero también de países como Nigeria, Senegal, Guinea, Mauritania o Argelia. Tanto las fuentes oficiales de la Policía Nacional como desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran no tener constancia de que se haya impartido ninguna orden para intensificar la lucha contra los sin papeles. «Es posible que se haya producido en otras provincias, pero aquí no nos consta», indican.
Sin embargo, las asociaciones de inmigrantes sostienen que los incidentes se han multiplicado en los últimos meses. «El año pasado la Policía detuvo a varios compatriotas en la estación de autobuses de Alicante. Como no tenían papeles, los deportaron a Camerún», indica Emanuel, presidente de la Asociación de Inmigrantes de Camerún en Elche, que cuenta con 118 afiliados en toda la provincia. Pero, según los portavoces de las asociaciones, las redadas no se llevan a cabo solamente en las estaciones. Algunos fines de semana, explica Emanuel, la Policía se interna en una conocida discoteca del Polígono de Altabix, en Elche, pidiendo la documentación a todos los inmigrantes. Los que no tienen papeles, son conducidos a la Comisaría.
Gracias a la colaboración de los abogados de Comisiones Obreras, la asociación ofrece asistencia legal a los inmigrantes en apuros. «El año pasado –dice Emanuel–, logramos que fuera puesta en libertad una inmigrante camerunesa que estaba ingresada en la cárcel de Murcia por residir ilegalmente en España».
Publicado en el diario ABC
Autor: M. A. Ruiz Coll
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