El Defensor del Pueblo denuncia en su informe correspondiente a 2008 numerosas irregularidades en los procedimientos de documentación y repatriación de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en España, y señala que en muchos casos las Administraciones “ni siquiera” inician los trámites legalmente previstos para la correcta devolución de los niños al país de origen.
El texto señala que, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, “aún no se ha generalizado” el derecho de los menores a contar con una representación legal independiente de la Administración autonómica que ostenta la tutela en los procesos de repatriación. Asimismo, apunta “deficiencias” e “irregularidades” en Madrid, desde donde fue repatriado un menor en 2007 sin que la fiscalía tuviera conocimiento, y en Barcelona, cuya Subdelegación del Gobierno ya había sido apercibida un año antes para que corrigiese las “deficiencias detectadas” en la tramitación de los procedimientos de repatriación de menores.
El Defensor del Pueblo también afirma que el pasado año puede considerarse como uno de los más complicados de los últimos tiempos para la justicia por el aumento de la carga de trabajo de los juzgados y tribunales. El informe dice que a ese incremento han contribuido especialmente la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial y los dos meses de huelga que, desde febrero a abril de 2008, mantuvieron los funcionarios de la Administración de justicia no transferida. Entre otros trámites, ese paro provocó la suspensión de numerosos juicios.
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