El pasado 3 de julio fue extraditado a Rusia un ciudadano que había pedido asilo en España y cuya solicitud todavía no había sido resuelta. El Gobierno español ha vulnerado así la ley de asilo, que establece que cualquier proceso de extradición se debe suspender, si el afectado es solicitante de asilo, hasta que se tome una decisión sobre dicha solicitud. El Gobierno ha incumplido también la ley al no notificar a la Audiencia Nacional que este ciudadano era demandante de asilo.
El servicio jurídico de CEAR, que representa a este ciudadano ruso en su solicitud de asilo, sólo se enteró de la ejecución de la extradición ayer 7 de julio, mientras estaba pendiente la aportación del relato de sus actividades políticas en Rusia y de la persecución a que fue sometido por las autoridades de aquel país, para que dicho relato pudiera ser evaluado.
Es la segunda vez en los últimos meses que España extradita a Rusia a una persona de la que hay indicios de que corre el riesgo de sufrir persecución y antes de que se resuelva su petición de asilo. El Gobierno vulnera así la garantía clave del derecho de asilo, el principio de no devolución establecido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra: “Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas”. Esta extradición podría vulnerar también la Convención de la ONU contra la Tortura, que establece que no podrá haber expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado en el que haya violaciones de derechos humanos y en el que por tanto esa persona pueda estar en peligro, como es el caso de la Federación Rusa.
CEAR solicitó ayer al Ministerio del Interior que, aunque esta persona ya se encuentre en territorio ruso, se paralizara urgentemente su entrega a las autoridades rusas si todavía se estaba a tiempo, y en caso contrario, que el Gobierno español averigüe dónde se encuentra en este momento, y en qué situación.
Asimismo, CEAR exige una investigación urgente que establezca las responsabilidades en este tipo de prácticas que violan la legalidad internacional y nacional, ponen en peligro a personas que se encuentran bajo protección y dejan muy en entredicho los discursos y declaraciones sobre protección de los derechos humanos en España.
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