El Senado aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería para su remisión al Congreso, por una ajustada mayoría, ya que emitieron el voto a favor 127 senadores y en contra 126. El apoyo del PSOE, CiU, PNV y Grupo Mixto se encontró con la oposición del PP, que incorporó cambios de mejora técnica y amplía garantías a las víctimas de trata.
La reforma permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros de los 40 días actuales a 60. La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge “cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España”.
Con la nueva ley, las comunidades con competencias podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes. Además, podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la “atención e integración social de los menores”.
También detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre “valores constitucionales y estatutarios”.
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