Primero fue la crítica del Gobierno a las medidas planteadas por los ayuntamientos de Vic y Torrejón, municipios que pretendían limitar el empadronamiento de inmigrantes ilegales. Y, ahora, pasados dos meses de aquella marejada mediática, ha llegado la otra cara del Ejecutivo. La vicepresidencia territorial que encabeza Manuel Chaves ha puesto encima de la mesa el embrión de un texto legal, el de la futura Ley del Gobierno y la Administración Local, en el que, fuera ya de mensajes políticos, se reconoce la gravedad del problema y se proponen medidas para combatir los conocidos como pisos patera y para dar margen de actuación real a los alcaldes que quieran evitar el empadronamiento fraudulento de los inmigrantes que han accedido o residen de forma ilegal en España.
El texto, en el que se plasman los principios rectores de la norma, admite que el empadronamiento de inmigrantes se ha convertido en un asunto delicado y subraya "la importancia de la población municipal, y del padrón municipal" clave en la formación "del censo electoral (…), criterio de referencia para la financiación municipal y delimita y permite el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por los ciudadanos".
Publicado en el diario El Mundo
Autor: Carlos Cuesta
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