Ahogada y azotada por la crisis económica, gran parte de la población
griega ha visto caer en picado su nivel de vida en los últimos años y
la miseria se ha apoderado de grandes zonas de las ciudades helenas. Y
son precisamente los inmigrantes sin papeles los que más sufren el paro y
los recortes sociales. Con 18 diputados en el Parlamento, el partido de extrema derecha
Amanecer Dorado sigue acumulando fuerza en la calle gracias a los
mensajes racistas, populistas y xenófobos que lanza a una sociedad cada
vez más desesperada. Su última iniciativa ha consistido en repartir
comida a los más necesitados en el centro de la Plaza Sintagma, la misma
que antes ocupaban sindicatos e indignados. Sin embargo, ese reparto se
restringía sólo a aquellos que, DNI en mano, demostraran que eran ciudadanos griegos.
Con este caldo de cultivo en las calles y un descontento creciente contra los recortes, el Gobierno de coalición presidido por el conservador Antonis Samaras ha decidido lanzarse a la caza del inmigrante en un intento de recuperar la credibilidad perdida con mensajes de defensa del orden público frente al crimen y la inmigración ilegal. Para ello, ha puesto en marcha la operación Zeus Xenios, basada en redadas masivas en los barrios populares de las ciudades para detener a personas indocumentadas y expulsarlas del país.
Esta operación ya se ha cobrado 6.000 arrestados. De entre ellos, sólo se ha podido presentar cargos contra 1.500 por entrada ilegal en Grecia y serán deportados a su país de origen. El Gobierno ha llenado las calles de policías y está enviando patrullas para detener a las zonas donde se concentra más inmigración. Según ha denunciado hoy la ONG Human Rights Watch, los últimos días la Policía detiene a los sospechosos basándose simplemente en "su apariencia física".
En un comunicado, la ONG indica que "Grecia tiene derecho a hacer respetar sus leyes de inmigración y, tras un proceso justo, deportar aquellos que no tengan derecho a permanecer en el país. Pero no tiene derecho a tratar a la gente como criminales o aventurar su estatus de irregularidad sólo por su raza o etnia", criticó Benjamin Ward, subdirector de HRW para Europa y Asia Central. "La Policía griega debe tener un motivo específico para detener y preguntar a la gente, aparte de la apariencia de su origen nacional. Las expulsiones en masa están estrictamente prohibidas por las leyes internacionales", recordó la ONG en su nota. "Grecia también está obligada legalmente a no deportar a refugiados a países donde puedan ser perseguidos o se arriesguen a ser torturados".
Publicado en el diario Público
Con este caldo de cultivo en las calles y un descontento creciente contra los recortes, el Gobierno de coalición presidido por el conservador Antonis Samaras ha decidido lanzarse a la caza del inmigrante en un intento de recuperar la credibilidad perdida con mensajes de defensa del orden público frente al crimen y la inmigración ilegal. Para ello, ha puesto en marcha la operación Zeus Xenios, basada en redadas masivas en los barrios populares de las ciudades para detener a personas indocumentadas y expulsarlas del país.
Esta operación ya se ha cobrado 6.000 arrestados. De entre ellos, sólo se ha podido presentar cargos contra 1.500 por entrada ilegal en Grecia y serán deportados a su país de origen. El Gobierno ha llenado las calles de policías y está enviando patrullas para detener a las zonas donde se concentra más inmigración. Según ha denunciado hoy la ONG Human Rights Watch, los últimos días la Policía detiene a los sospechosos basándose simplemente en "su apariencia física".
En un comunicado, la ONG indica que "Grecia tiene derecho a hacer respetar sus leyes de inmigración y, tras un proceso justo, deportar aquellos que no tengan derecho a permanecer en el país. Pero no tiene derecho a tratar a la gente como criminales o aventurar su estatus de irregularidad sólo por su raza o etnia", criticó Benjamin Ward, subdirector de HRW para Europa y Asia Central. "La Policía griega debe tener un motivo específico para detener y preguntar a la gente, aparte de la apariencia de su origen nacional. Las expulsiones en masa están estrictamente prohibidas por las leyes internacionales", recordó la ONG en su nota. "Grecia también está obligada legalmente a no deportar a refugiados a países donde puedan ser perseguidos o se arriesguen a ser torturados".
Publicado en el diario Público
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