Diez organizaciones humanitarias radicadas en Marruecos, incluida la
católica Cáritas, e importantes colectivos civiles en favor de los
derechos humanos están estrechando la presión sobre los Gobiernos de
España y Marruecos para evitar que se impulse el acuerdo para ejecutar
las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares.
Esa readmisión inmediata en la frontera, justo después de que los
inmigrantes la hayan podido superar, era el punto clave de la reunión
que iban a celebrar este miércoles en Tánger los ministros del Interior
de ambos países. La cita oficial se ha suspendido por los funerales del
expresidente Adolfo Suárez pero la presión de las ONG
y las entidades sociales no ceja. Este martes una decena de esas
asociaciones han reclamado desde Marruecos la presencia de observadores
internacionales en Ceuta y Melilla para que comprueben sobre el terreno
la “violación de los derechos de los inmigrantes”.
Las diez organizaciones humanitarias instaladas en Marruecos emitieron este martes un comunicado en el que demandan la presencia de esos emisarios internacionales en las dos ciudades autónomas españolas enclavadas en el norte de África tanto al Consejo Nacional de los Derechos del Hombre, un organismo consultivo que se creó por inspiración del rey Mohamed VI, como a la propia ONU. Las ONG denuncian en su escrito que los inmigrantes son muchas veces desplazados a la fuerza desde el norte de Marruecos, en las zonas limítrofes con Ceuta y Melilla, hasta Rabat, la capital, donde se concentran ahora por centenares, especialmente tras el pasado mes de diciembre, coincidiendo con el inicio del periodo de regularización inédito puesto en marcha por el gobierno marroquí en enero. Desde entonces se han apuntado en esas inscripciones más de 13.000 irregulares pero apenas se han concedido 300 permisos de estancia. Marruecos y España estiman en unos 40.000 los inmigrantes irregulares que pueden estar en el país norteafricano a la espera de cruzar de alguna manera la frontera hacia Europa.
La intención de España es convencer a Marruecos para que aplique ya el artículo 11 del acuerdo de readmisión bilateral firmado en marzo de 1992, y que no entró en vigor hasta diciembre de 2012, para tolerar la devolución prácticamente sobre la marcha. Aquel tratado contenía una serie de condiciones para ese tipo de readmisiones que se han demostrado muy complicadas de cumplir: “La solicitud deberá ser presentada en los 10 días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. En ella se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requiriente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo”.
Esta misma semana el colectivo a favor de los derechos humanos Human Riught Watch denunció desde Bruselas que ese tipo de comportamientos, sin garantizar los debidos procesos de vigilancia y protección “violan las leyes españolas, europeas e internacionales”. Y llamaron la atención sobre el trato violento de las fuerzas de seguridad marroquíes hacia esos inmigrantes devueltos sin ninguna protección.
Publicado en el diario El País
Autor: Javier Casqueiro
Las diez organizaciones humanitarias instaladas en Marruecos emitieron este martes un comunicado en el que demandan la presencia de esos emisarios internacionales en las dos ciudades autónomas españolas enclavadas en el norte de África tanto al Consejo Nacional de los Derechos del Hombre, un organismo consultivo que se creó por inspiración del rey Mohamed VI, como a la propia ONU. Las ONG denuncian en su escrito que los inmigrantes son muchas veces desplazados a la fuerza desde el norte de Marruecos, en las zonas limítrofes con Ceuta y Melilla, hasta Rabat, la capital, donde se concentran ahora por centenares, especialmente tras el pasado mes de diciembre, coincidiendo con el inicio del periodo de regularización inédito puesto en marcha por el gobierno marroquí en enero. Desde entonces se han apuntado en esas inscripciones más de 13.000 irregulares pero apenas se han concedido 300 permisos de estancia. Marruecos y España estiman en unos 40.000 los inmigrantes irregulares que pueden estar en el país norteafricano a la espera de cruzar de alguna manera la frontera hacia Europa.
La intención de España es convencer a Marruecos para que aplique ya el artículo 11 del acuerdo de readmisión bilateral firmado en marzo de 1992, y que no entró en vigor hasta diciembre de 2012, para tolerar la devolución prácticamente sobre la marcha. Aquel tratado contenía una serie de condiciones para ese tipo de readmisiones que se han demostrado muy complicadas de cumplir: “La solicitud deberá ser presentada en los 10 días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. En ella se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requiriente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo”.
Esta misma semana el colectivo a favor de los derechos humanos Human Riught Watch denunció desde Bruselas que ese tipo de comportamientos, sin garantizar los debidos procesos de vigilancia y protección “violan las leyes españolas, europeas e internacionales”. Y llamaron la atención sobre el trato violento de las fuerzas de seguridad marroquíes hacia esos inmigrantes devueltos sin ninguna protección.
Publicado en el diario El País
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